El ejercicio de observación tendrá como marco de referencia el Acuerdo de Integridad Electoral 2023-2024, que se articula como una hoja de ruta y una perspectiva que –bajo los estándares de buenas prácticas y protección de los derechos humanos– permite sumar esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de:  vincular a la ciudadanía con las y los representantes, priorizar la inclusión y la participación política de las y los ciudadanos, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

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Las personas migrantes y residente en el exterior –como consecuencia de la situación de movilidad y desplazamiento en la que se encuentran– se enfrentan a una discriminación estructural en el acceso a puestos de representación política. Como consecuencia de ello, ha sido una población históricamente excluida de espacios de toma de decisiones y largo ha sido el proceso para garantizar su inclusión en la vida política del país. 

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En esta tesitura, experiencias como la sentencia SUP-REC-88/2020 que declaró como inconstitucional la eliminación de la diputación migrante en la Ciudad de México, al atentar contra el criterio de progresividad de los derechos humanos, evidenció la importancia de llevar a cabo un ejercicio de observación desde un enfoque de protección y garantía de derechos. Es decir, destinado a preservar “el camino recorrido”, además de los principios de universalidad, interdependencia, e indivisibilidad como elementos centrales que deben de ser protegidos por las autoridades competentes para garantizar el ejercicio pleno de derechos. 

 

Así, la observación electoral se vuelve crucial para evaluar los mecanismos implementados por el Tribunal, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Locales, para avanzar en la inclusión y la representación política de la ciudadanía mexicana residente en el exterior.